Posicionamiento: Secretaría de Gobernación no debe ser operadora de estaciones de radio o televisión

Comunicado de AMEDI

AL SENADO DE LA REPÚBLICA
AL PRESIDENTE ELECTO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

 

Los recientes cambios aprobados por la Cámara de Diputados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) determinan que la Secretaría de Gobernación (Segob) será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional (fracción VIII del artículo 27 de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF). Esto representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

La Secretaría de Gobernación (Segob) NO debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión. Los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión establecen: (i) la regulación de los medios debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico y (ii) los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos. La participación de Segob en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería cambiar de inmediato.

Las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados son radicalmente contrarias a las propuestas y demandas de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de la libertad de expresión que han insistido, desde hace décadas, en la necesidad de que los medios públicos no sean medios oficiales. Si la instancia gubernamental diseñada para la política interior tuviera facultades para intervenir en el funcionamiento y operación de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la pluralidad estarían en riesgo.

Hace cinco años, en 2013, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y en 2014 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establecieron garantías para que los medios de carácter público (es decir, los medios que se sostienen fundamentalmente con recursos fiscales) tuvieran independencia editorial, autonomía de gestión financiera, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, financiamiento diverso y pluralidad ideológica. Aquella reforma resultó insuficiente entre otros motivos porque la Secretaría de Gobernación mantuvo algunas facultades en materia de contenidos.

Sin embargo, las salvaguardas para los medios públicos fueron un avance en beneficio de la sociedad y a fin de que se consolide una radiodifusión de carácter no comercial. En aquella ocasión en la propia reforma constitucional, y más tarde en una ley específica, fue creado el Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

Hoy en día, con las modificaciones que hemos mencionado a la Ley de la Administración Pública, esos logros quedarían cancelados. Esa modificación además implica una ilegal duplicidad de la Segob con las atribuciones constitucionales que tiene el SPR que es el organismo facultado para que el Estado provea el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional.

Las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados son contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión y radiodifusión establecidos por la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es enfática al afirmar “Los medios públicos de comunicación pueden (y deberían) desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población. Sin embargo, para que los medios públicos puedan realmente cumplir su función, debe tratarse de medios públicos independientes del Poder Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; universalmente accesibles; con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley; y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos.” El Estado mexicano está comprometido con esos lineamientos.

Dar a la Secretaría de Gobernación el control de los medios públicos contradice ese principio democrático originado en la Convención Americana de Derechos Humanos.

El retroceso en materia de medios públicos que representa la Minuta no es, lamentablemente, el único que aprobó el grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados. Allí, además, se otorgan atribuciones a la Oficina de la Presidencia para “definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables” (adición a la fracción I al artículo 8). Esa facultad no está acotada a las políticas exclusivas del gobierno federal, de tal manera que dejan abierta la posibilidad de que se definan así políticas para usuarios y operadores de tecnologías digitales. Esas son facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuya autonomía y atribuciones constitucionales quedarían lesionadas con tal disposición.

Durante muchos años, las organizaciones sociales y los ciudadanos interesados en promover la equidad y la calidad en los medios de comunicación han insistido en la autonomía de los medios públicos. Hoy en día todos los medios públicos en el país deben tener consejos ciudadanos, defensores de las audiencias y recursos suficientes para cumplir con su desempeño. De manera paulatina, esos medios han ganado garantías para tener políticas editoriales que atiendan al interés de los ciudadanos y para no ser instrumentos al servicio de los funcionarios que encabezan las dependencias a las que están adscritos. Hay mucho por hacer para que la sociedad mexicana tenga mejores medios públicos pero, evidentemente, la reforma que los concentraría y subordinaría a la Secretaría de Gobernación va a contracorriente de la democracia y del carácter público de tales medios.

Llamamos a la Cámara de Senadores y al próximo Gobierno Federal para que detengan esa contrarreforma.

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2018.

 

Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Jalisco
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Puebla
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Oaxaca
Artículo 19
Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, de Sinaloa
Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias (AMDA)
Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación A.C. (AMIC)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC México)
Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural
Centro Ciudadano de Derechos Humanos y Acceso a la Información A. C.
Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos)
Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión de Mazatlán, Sinaloa
Colegio de Licenciados en Comunicación del Estado de México, A.C.
Comunicación Comunitaria
Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C.
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc)
Coordinación Académica de Posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac
Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).
Defensoría de las Audiencias de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV)
Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Escuela Mexicana para la Participación Ciudadana
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Horizontal
Ibero 90.9
México Evalúa
México Unido Contra la Delincuencia, A.C.
Nodo de Transparencia de Puebla
Observatorio de las Telecomunicaciones en México (Observatel)
Observatorio Legislativo del ITESO
Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción de Jalisco
Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID)
Plan Estratégico de Juárez AC.
Puebla Vigila
Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México
Red por los Derechos de la Infancia (Redim)
Reporteros Sin Fronteras
SIGNIS México – Asociación Católica de Comunicadores Católicos de México
Sindicato de Radio Educación
Tómala
UAM Cuajimalpa
UAM Xochimilco
A título personal:

Sergio Aguayo
Jorge A. Alatorre Flores
Paul Alcantar
Roberto Alonso Muñoz
Alma Rosa Alva de la Selva
Clara Luz Álvarez
Juan Angulo Osorio
Ernesto Aroche
Elvia Arteaga Rodríguez
Irma Ávila Pietrasanta
Alberto Aziz Nassif
Aram Barra
Viétnika Batres
Alberto Bayardo
Deyanira Bedolla Pereda
Juan Bosco Rosillo
Aarón José Caballero Quiroz
Aleida Calleja
Jorge Calles Santillana
Mariana Campos
Jesús Cantú Escalante
Sibely Cañedo
Jaime Cárdenas
Jorge Carrasco Araizaga
Miriam Carrillo Ruiz
Vicente Castellanos Cerda
Noé A. Castillo Alarcón
Felipe Cazals
Cyntia Cerón Hernández
Ricardo Corona
Cuauhtémoc Cruz Isidoro
Francisco Cuamea
José Mario de la Garza
Cecilia Díaz Romo
Soledad Durazo Barceló
Javier Esteinou Madrid
Román Esqueda Atayde
Edgar Esquivel Solís
Gustavo Esteva Figueroa
Fátima Fernández Christlieb
Iñigo Fernández Fernández
Jorge Fernández Ruíz
Alfredo Figueroa
Ana Lidya Flores Marín
Néstor García Canclini
Brenda García Parra
Alejandro García Villasuso
Daniel Giménez Cacho
Leonor Gómez Barreiro
Luis Guillermo Hernández
Rafael G. Hernández García Cano
Bertha Estela Hernández Pinedo
Jorge Alberto Hidalgo Toledo
Clara Jusidman
Juan S. Larrosa Fuentes
Irene Levy
Adrián López
Ma. de Lourdes López Gutiérrez
Mónica Lozano
Ana María Márquez
María Marván Laborde
José Bernardo Masini Aguilera
Iliana Lucía Mendoza Sánchez
Octavio Mercado González
Guillermo Montemayor
Nora A. Morales Zaragoza
María Guadalupe Morfín Otero
Jorge A. Narro Monroy
Ángeles Navarro Rueda
Jorge Fernando Negrete
Marcelo Olivera Villarroel
Guillermo Orozco Gómez
José de Jesús Orozco Hernández
Rosalía Orozco Murillo
Patricia Ortega Ramírez
Roque Osorio
Guillermo Osorno
Alejandro Páez Varela
Magdalena Sofía Paláu Cardona
Juan Pardinas
Juan Martín Pérez
Álvaro Quintero Casillas
José Manuel Ramos Rodríguez
Dina Rochman Bee
José Manuel Rodoreda Artasánchez
Ignacio Rodríguez Reyna
Cristina Romo Gil
Jorge Ruiz Dueñas
Carlos Saldaña Ramírez
María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera
Alejandro Sicairos
Beatriz Solís Leree
Gabriel Sosa Plata
Jorge Suárez Coellar
Wilbert Torre
Raúl Torres Maya
Raúl Trejo Delarbre
David Velasco
Teresa Velázquez
Ernesto Velázquez Briseño
Lilia Vélez Iglesias
Jenaro Villamil
Alejandra Wade Villanueva
Raquel Zapien
Firmas posteriores a la publicación inicial

Organizaciones / Instituciones

Sistema Universitario de RTC de la UdeG
Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI)
Consejo Ciudadano de Radio Educación
V Congreso de Defensorías de las Audiencias
Consejo de Participación Ciudadana de CORTV
Academia Mexicana de la Comunicación
Consejo Ciudadano de Radio y Tv UNAM
A título personal:

Adriana Labardini
María Elena Estavillo
Aimée Vega Montiel
Ana Rosas Mantecón
Antonio Tenorio
Álvaro Quintero
Hilda Saray
Jaqueline Flores
Felipe López V.
Ana Imelda Coronel Cabanillas
Francisco Sotomayor
Juan Manuel Partida Valdez
Carmen Aida Ochoa Rivera
Carlos Ortiz Tejeda
Sandra Fernández Alaniz
Gabriel Torres Espinoza

Comentarios

Comentarios

Be first to comment