#MeToo y Armando Vega Gil: Debatir en redes lo que debería ventilarse en juzgados

La violencia sistémica contra las mujeres, la falta de mecanismos legales y sociales para proteger a las posibles víctimas, así como la exhibición de los nombres de los presuntos agresores destrozando su fama pública, alcanzaron un clímax con el suicidio y la carta de descargo del músico Armando Vega Gil, que convirtieron un tema gravísimo en un circo mediático.

El movimiento global #Metoo que pretende visibilizar la violencia sexual contra las mujeres, en diferentes ámbitos educativos, sociales y laborales, ha ofrecido evidencias tangibles de la normalización de dicha violencia, la incapacidad de los sistemas de procuración e impartición de justicia para sancionarla y la falta de mecanismo reales de protección para las víctimas.

Sin embargo, dicho movimiento, por su naturaleza misma, de existir básicamente en redes sociales, impide otros de los componentes básicos de la justicia: la secrecía de la investigación, el anonimato de los presuntos victimarios y la protección de su fama pública hasta que un juez, eventualmente los encuentre culpables.

Las carencias técnicas y logísticas de las organizadoras del movimiento, por lo menos en el caso mexicano, ha obligado a que algunas de las víctimas tengan que dejar el anonimato, cuando su presunto agresor niega los hechos, exponiéndolas al escarnio público.

Este fenómeno alcanzó un punto dramático, cuando el músico Armando Vega Gil decidió cometer suicido al ser acusado anónimamente en la cuenta de Twitter @metoomusicamx de haber acosado y abusado de una menor de 13 años; aunque ni el movimiento ni el músico dan temporalidad de los supuestos hechos, Vega Gil los niega rotundamente, e indica que prefiere terminar con su vida debido a que, al perder su credibilidad pública su carrera terminaría, como lo explica en su carta postrimera, publicada también en Twitter.

Más allá de las motivaciones del músico, su deceso abre el debate sobre la incapacidad real que tiene una víctima para acceder a la justicia y a la reparación del daño en nuestro país, que padece una crisis de violencia de género de larga data; mientras esos mecanismos no sean realmente operantes y exista un cambio cultural que permita el desmantelamiento de todas las formas de violencia, desde, como lo definía Foucault, el micropoder que se expresa en todos los ámbitos de la vida cotidiana y dan sustento al patriarcado, hasta las formas más visibles como la violencia sexual o el feminicidio.

Los encargados de implementar las políticas públicas de equidad de género, deberían voltear a ver al movimiento #MeToo para aprender de sus experiencias, incluyendo sus posibles errores y carencias, para sacar la discusión de las redes sociales y llevarlas al ámbito de la justicia, que es donde pertenecen.

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