El rating de la discriminación (segunda de dos partes)

antoniomedina.jpgNuestra Constitución Política defiende la no discriminación como un derecho humano, mientras que la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT-1960) continúa con una redacción descontextualizada, en donde se ensalzan las “buenas costumbres” o los “principios de la moral social”, antes que la no discriminación “motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, como reza el Artículo 1 de nuestra Ley Suprema que fue modificado en junio de 2011.

En este sentido, sería deseable que la LFRT , homologara sus artículos 5º, 59, 63 y 72 con el espíritu democrático que plantea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en dichos artículos se traslucen preceptos restrictivos que prohíben “expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido”, sin reparar en la no discriminación desde una perspectiva menos moralista y sí más humanista como lo plantea el Artículo 1 constitucional.
En concreto: tenemos una Constitución que logra avanzar sobre un tema que ha dañado históricamente al país y que pretende mitigarlo, mientras que la Ley Federal de Radio y Televisión se resiste al cambio, no solamente en lo que concierne a privilegiar grupos de poder económico, sino al tema de la calidad de los contenidos mediáticos.
Es importante señalar que el avance de la no discriminación en las leyes reconoce la diversidad racial, sexual o social; y que llevado al plano de los contenidos mediáticos, impactaría en el rechazo de actitudes, lenguajes o representaciones sociales machistas, sexistas, clasistas, homofóbicas, racistas, misóginas, entre otras.
Ojo: esto no quiere decir censura, sino asumir que los productos mediáticos en menor o mayor medida pueden ser promotores de dichas actitudes si no se tiene conciencia de la perspectiva de no discriminación. Instancias como ONUSIDA, UNIFEM o el mismo CONAPRED, coinciden en que los medios pueden ser un “factor de cambio cultural” contra la discriminación.
De ser congruente el Estado mexicano con el avance legislativo de junio del 2011, promovería que las empresas a las que les ha concesionado el espectro radioeléctrico, tomen nota y asuman el espíritu democrático del 1 constitucional, en particular cuando elaboren contenidos para telenovelas, programas unitarios, programas cómicos y talk shows. Esto con el ánimo de evitar que desde el lenguaje se incite al odio social contra las personas de los diversos sectores que conforman el tejido social. Asimismo, eliminar de las pantallas la obsesiva representación de las diferencias de clase, de género, de raza, que (salvo honrosas excepciones) privilegian actitudes que anulan o descalifican abiertamente a individuos por sus características físicas, formas de ser, de pensar o actuar en sociedad.
Insisto: decir “putita”, “naco”, “gata”, “marica”, “vaquetona”, etcétera, en un talk show a nivel nacional, en telenovelas o programas unitarios y cómicos en horarios “para toda la familia”, debe  ser motivo de sanción por parte de RTC. Y no se trata de que limite el derecho a la libre expresión, sino de evitar que desde los espacios mediáticos se refuercen actitudes discriminatorias que animen en el imaginario social actitudes que pueden implicar acciones de violencia y exclusión hacia los estereotipos representados en los medios.
Una añeja demanda
La demanda para que el gobierno (en este caso RTC y por ende Gobernación) ponga más atención a los contenidos violentos y sexistas o de incitación al odio hacia sectores subalternos, no es nueva. Desde los años 80 grupos feministas y de la diversidad sexual han señalado que el heterosexismo y machismo en los medios contribuyen a naturalizar actitudes excluyentes en espacios de convivencia social, como puede ser la escuela, el trabajo, espacios de salud, de justicias o aquellos que prestan servicios a la ciudadanía.
No son pocos los estudios en comunicación de masas y/o audiencias que demuestran la influencia negativa de los medios de comunicación hacia poblaciones infantiles y juveniles, que en el proceso de elaboración de “signos de identidad”, pueden fortalecer prejuicios y mitos que poco o nada contribuyen a una cultura de respeto y convivencia armoniosa.
Es así que la humillación, la burla, el escarnio o el bullying (acoso) hacia personajes socialmente vulnerables desde el “espacio público de los medios”, aunque sean ficción, mandan un mensaje a las audiencias que puede provocar odio, discriminación y conatos de violencia, tal como sucedió a finales de los años 60 y principio de los 70 con los estudiantes de la capital del país, que fueron estigmatizados por la prensa de aquellos años antes, durante y después de 1968. En algunos lugares se observó rechazo y aun violencia hacia ellos.
Hay quien piensa que lo anterior puede ser una exageración y que si bien los contenidos mediáticos pueden tener características negativas, quienes están frente al televisor o sintonizando la radio, tienen la posibilidad de cambiar de canal o continuar escuchando o viendo la oferta mediática. La realidad es que la falta de opciones, principalmente en televisión abierta, la alta concentración del espectro en dos monopolios, y una educación pública que no se ha esforzado por la educación crítica de los contenidos mediáticos, no permiten que las audiencias tengan esa opción.
En ese sentido sería bueno ver la experiencia de países como Argentina, Brasil, España o Estados Unidos, que han endurecido leyes para contener la violencia machista, el racismo, la xenofobia, la violencia criminal o la homofobia en los medios de comunicación.
En Argentina, por ejemplo, gracias a un movimiento civil bien articulado, con el apoyo total de la presidenta Cristina Fernández, se están observando avances en materia de no discriminación en medios, que ha redundado al corto plazo en mejor calidad de propuestas comunicativas, además de una política educativa a favor de la formación de audiencias críticas y la creación de un observatorio nacional contra la discriminación en medios, en el que participan universidades, instituciones públicas y activistas de todos los sectores.
Brasil ha homologado el mandato constitucional de no discriminación a todos sus ministerios y los medios de comunicación han revertido posturas altamente violentas y discriminatorias en poco menos de una década. En Estados Unidos se han ganado demandas millonarias contra cadenas televisivas que discriminan y las leyes de ese país están en constante revisión en la materia. España ha dado una lucha constante desde los años 80 a la violencia machista en televisión y publicidad. Sus logros se han extendido hasta hoy en día.
En el caso de México la demanda por contenidos mediáticos éticos es añeja. La resistencia al cambio también lo es. La Ley Federal de Radio y Televisión nace vinculada al poder presidencial y empresarial. Con más de medio siglo, la LFRT conserva una redacción descontextualizada en lo tecnológico, y no toma en cuenta cambios socioculturales que han superado el momento en que nació.
Actualmente se discute fuertemente una nueva ley de medios en nuestro país que tiene como epicentro el tema de los monopolios y el otorgamiento de concesiones de manera antidemocrática a dos consorcios: Televisa y TV Azteca, por lo que se ha dejado de lado el gran problema de los contenidos, esto, insisto, en detrimento de la educación pública y de sectores subalternos, que en México se cuentan por millones.
De ahí la una nueva ley de medios que tome en cuenta que la discriminación o la incitación al odio desde los medios de comunicación se considere un delito y que el articulado de la LFRT homologue el sentido humanista del 1 constitucional, que se traduzca en mandato constitucional vinculante, tal como está sucediendo con el tema de la no discriminación en otros ámbitos de la función pública.
¿Y por qué los medios que usan el espectro radioeléctrico deberían asumir esa condición si son empresas privadas? se preguntarán algunos, pues además de que tiene que ver con una cuestión ética incuestionable, quienes lucran legalmente con  las concesiones no son dueños del espectro, son concesionarios solamente. El espectro radioeléctrico pertenece a toda la nación y a quienes la habitamos. Ellos (las pocas familias que usufructúan lo que es de todos) deben regirse por las leyes mexicanas, en este caso, por un mandato de ley: no discriminar.
*Periodista independiente. Profesor de comunicación en la UACM. Consultor en temas de medios y sexualidad, derechos humanos, diversidad sexual y VIH/sida. Comentarios: amedina27@yahoo.com.mx

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