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Ataques a la prensa en México 2011.

Enviado por observa on March 19, 2013

article19.jpg(Tomado de dissidentblog.org) Esta es la realidad—ataques a la libertad de prensa en México durante 2011. Darío Ramírez de la organización para la libertad de prensa Artículo 19, nos da un antecedente actual de las amenazas contra periodistas en México –¿cómo se ve la violencia en las estadísticas sobre vida y muerte?

 

March 9 2013 Text: Darío Ramírez Translation from Spanish: Stuart Shield Infographics: Johan Rutherhagen

Agresiones a la libertad de prensa en México durante el 2011
Cualquier análisis de los últimos años que se refiera a las violaciones a libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo, debe partir de un hecho fundamental: existe un subregistro de casos que se relaciona directamente con la autocensura que periodistas y medios han adoptado como medida de protección; la denuncia pública se ha reducido en tanto que el Estado no brinda garantías de investigación ni sanción a los responsables.

Aun en este contexto, durante 2011 fue posible registrar y documentar 172 agresiones a la libertad de expresión; esto es, 17 casos más de los reportados en el Informe 2010 de ARTICLE 19 y Cencos. La cifra de periodistas asesinados y desaparecidos es similar a la del año pasado y el número de atentados contra instalaciones de medios se ubicó un poco por debajo.

Una lectura optimista de esto es que hemos entrado a una etapa de estabilización en la que si bien la violencia ya no se eleva exponencialmente, sí continúa dándose en rangos constantes. Por otro lado, podría ser que estemos ante un problema que se ha vuelto ya demasiado grande y que los pocos casos que son conocidos y documentados sean suficientes para que sigamos observando incrementos de un año a otro.

 

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De las 73 agresiones de este tipo, que representan 42.44% del total del año, 61 estuvieron dirigidas contra periodistas; una más, contra un empleado de distribución de un diario, y diez contra oficinas e instalaciones de medios. De éstas últimas, ocho fueron perpetradas con explosivos o armas de fuego de alto poder.Durante 2011, el tipo de agresión más recurrente fue la violencia física material, que se traduce en lesiones de diversa magnitud contra quienes ejercen el periodismo, daños a su equipo de trabajo, así como ataques contra instalaciones de medios.

La segunda forma de violencia, por su relevancia e impacto, fueron las amenazas, los actos intimidación y presión contra las empresas y sus periodistas. Estamos hablando en este caso de un rango amplio de acciones que incluyen advertencias directas hechas tras la publicación de materiales periodísticos, injerencias arbitrarias para impedirle a los reporteros buscar o difundir información, e incluso acciones para impedir la circulación de una publicación.

Podría decirse que no hay sorpresas en cuanto a la tipología y los responsables de las agresiones. Por su perfil profesional, fueron los reporteros, fotógrafos y camarógrafos quienes con mayor frecuencia se convirtieron en blanco de agresiones, dado el riesgo que enfrentan al exponerse y tener el primer contacto con los hechos y las fuentes de la información.

Al igual que en años anteriores, los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno fueron responsables del mayor número de agresiones a la libertad de expresión (41.86% del total). De ese universo de casos atribuibles a actores del Estado, las fuerzas de seguridad (Ejército, Marina, policías municipales, estatales y federales) fueron directamente señaladas como culpables de seis de cada diez abusos contra representantes de los medios de comunicación.

En contraste, las agresiones provenientes de sujetos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada representaron apenas 13.37%, aunque puede atribuirse a sus integrantes la responsabilidad por nueve asesinatos y 13 ataques directos y otros actos de intimidación contra medios en distintas ciudades.

Hay, sin embargo, una peculiaridad que se hizo mucho más notable en el último año. Por lo general, anualmente se registraba un alto número de eventos en que el perpetrador actuaba en el anonimato total y se le incluía en una amplia categoría de “desconocidos”.

Varios casos documentados por ARTICLE 19 en el pasado reciente obligan a introducir un matiz importante: la imposibilidad de establecer la responsabilidad de un actor específico; estamos hablando de acciones de la delincuencia organizada en complicidad con las autoridades, tanto como de ataques a cuenta de políticos y funcionarios, coreografiados para endosar la responsabilidad a la delincuencia. De ahí que nuestro informe para 2011 establezca una diferencia entre los casos en que la identidad del responsable “se desconoce” y aquellos en que se considera “no determinado”.

Veracruz, gobierno ausente, cómplice y agresorMujeres. Violencia diferenciada
Un aspecto que no puede pasarse por alto de los datos recogidos por ARTICLE 19 son las 34 agresiones dirigidas contra comunicadoras y trabajadoras de medios durante el año pasado (cuatro fueron asesinatos). Pese a que en la mayoría de los casos no parece haber un patrón de violencia por razones de género, en al menos tres de los casos atendidos sí pudo advertirse violencia y métodos diferenciados de presión e intimidación que en el caso de las mujeres busca lastimar el entorno íntimo y familiar.

Uno de ellos resulta preocupante, en tanto que autoridades del estado de Hidalgo fueron señaladas de haber participado en una larga campaña de acoso contra una reportera local; las agresiones incluyeron el robo de fotografías de su hija y la difusión de un video e imágenes denigrantes de ella desnuda para desacreditar su labor en lo profesional.

Otro incidente más tuvo lugar en Durango. Desconocidos allanaron el domicilio de una periodista local, llevándose algunas pertenencias. Los objetos robados no eran ni cercanamente los de mayor valor, aunque sí incluyeron su computadora personal y ropa interior de la comunicadora, lo cual tiene una fuerte carga de violencia sexual.

A través de diversas vías, los pobladores de Veracruz y Boca del Río conocieron de supuestas advertencias hechas por el grupo criminal Los Zetas, quienes amenazaban con cobrarse cada muerte de sus miembros a manos del Ejército o la Marina con el asesinato de un estudiante.Durante el segundo semestre de 2011, el estado de Veracruz vivió una escalada de violencia sin precedentes, similar a la que hundió a Tamaulipas. En el lapso de unas cuantas semanas cuatro periodistas fueron asesinados, 13 escaparon del estado por amenazas y uno más desapareció sin que hasta ahora se sepa nada de su paradero. Poco antes de terminar el año, la redacción de un diario en el municipio de Córdoba fue atacada por un grupo armado que penetró a las instalaciones y prendió fuego a las áreas de diseño, publicidad y editorial.

El temor se generalizó en la medida que la violencia creció. Durante la mañana del jueves 25 de agosto, un vehículo se incendió cerca de un centro escolar, producto de una falla del sistema eléctrico. Algunas personas en Twitter difundieron versiones sobre un atentado y supuestos ataques a escuelas públicas, lo que provocó que padres de familia acudieran por decenas a recoger a sus hijos a los planteles, que suspendieron actividades.

La respuesta del Gobierno de Veracruz no fue ni oportuna ni proporcional con el daño que después se dijo había causado la difusión de información falsa. Las cuentas vinculadas con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en la red de Twitter no respondieron a los rumores con información útil que permitiera desmentir los hechos. No hicieron una labor de difusión coherente y se limitaron a reproducir palabras del gobernador.

El gobernador Javier Duarte y su entonces procurador, Reynaldo Escobar Pérez, iniciaron una cruzada para castigar a los supuestos autores de los rumores y de la posterior alarma, pues “en Veracruz —dijeron— no se juega con la paz y la tranquilidad de la población”.

Con base en un artículo ambiguo del Código Penal local y sin atender los estándares internacionales en la materia, la Procuraduría estatal detuvo a dos ciudadanos a quienes imputó cargos de “terrorismo equiparado” y “sabotaje”[1], con una sanción de hasta 30 años de prisión, para desistirse 27 días después en medio de una ola de críticas que advertían que el propósito de la administración estatal era escarmentar e intimidar a otros ciudadanos que intentaran hacer circular información no mediada por el gobierno estatal, que controla a los medios locales por la vía de la publicidad oficial; es decir, no sancionar actos delictivos que habrían alterado el orden social, sino meramente suprimir expresiones negativas sobre la situación de violencia en el estado.

Sin un recurso legítimo de sanción a la mano, el gobernador de Veracruz presentó ante el Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y crear el delito de “perturbación del orden público” el cual permitiría perseguir a cualquier persona por hacer afirmaciones que el gobierno considere inconvenientes o juzgue que atentan contra la paz social. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, controlado por Duarte aprobó el dictamen en una sesión de trámite[2] en la que se le unieron cinco diputados de oposición[3].

Las pretensiones de control se vinieron abajo ese mismo día, cuando un grupo delictivo, actuando a plena luz del día, dejó en mitad de un transitado boulevard del municipio de Boca del Río 35 cadáveres, cuya imagen dio la vuelta al mundo. La prioridad de la autoridad estatal fue descalificar moralmente a las víctimas, vinculándolas a todas con delitos de secuestro, extorsión, homicidio y narcomenudeo, además de agredir a corresponsales de medios nacionales que investigaban detalles del caso[4].

Treinta y dos cuerpos más fueron descubiertos por elementos de la Marina, en tres distintas casas de seguridad, lo que generó el cese del procurador, pero no puso fin a las amenazas. El 23 de octubre, un medio digital fue objeto de un ataque cibernético por parte de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, quienes advirtieron sobre acciones similares contra otros sitios que difunden información sobre los grupos dedicados al narcotráfico, el secuestro y la extorsión en el estado.

A unas horas de que el administrador decidiera dar de baja su cuenta en Blogger (plataforma desde la cual se gestionaba el contenido), por un incidente que consideró que comprometía su seguridad, la información del sitio fue abruptamente sustituida por la leyenda “Esto les va a pasar a todos los blog que informe lo que pasa en veracruz, (MUNDONARCO.com y Blog del Narco son los siguientes) Pónganse ver.., , atte. Los de la letra Zzzzz” (sic). La cuenta de Twitter del medio fue cerrada unos días después.

Uso de recursos públicos
En Veracruz el control de la información se ejerce también mediante la asignación de publicidad oficial usada como método para premiar a medios afines y arma para castigar a los críticos. En 2010, Fundar Centro de Análisis e Investigación y ARTICLE 19 lanzaron un proyecto para conocer el uso de los recursos públicos en la designación de la publicidad oficial.

Tras solicitar datos del gasto total ejercido por el Gobierno de 2005 a 2010 en comunicación social y publicidad gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los recursos, Veracruz respondió con una negativa, pues ha clasificado la información como reservada.

Un año y nueve meses después, tras acudir a todas las instancias necesarias en la entidad, es imposible saber qué medios han sido los beneficiarios de ese uso poco claro de recursos públicos. Ha sido necesario iniciar un largo proceso judicial, que hoy se encuentra ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ejerció su facultad de atracción en el tema para eventualmente ordenar la publicación de la información que permitiría conocer a detalle el grado de discrecionalidad con el que han actuado los dos últimos gobiernos en la entidad.

La participación del gobierno estatal en la crisis de derechos humanos y en particular en las agresiones contra periodistas en la entidad ha sido cardinal y ha jugado un papel activo en ello. No habían pasado muchas horas de que se supiera del asesinato de Yolanda Ordaz, reportera del diario Notiver, el 26 de julio de 2011, cuando el entonces procurador de Justicia apareció en los medios para desechar que el crimen tuviera relación con el desempeño profesional de la comunicadora. Su asesinato, dijo, obedecía a la relación que establecen algunos comunicadores con las mafias.

Notiver exigió la renuncia del procurador, por lo que éste respondió exhibiendo públicamente como prueba de sus dichos videos de interrogatorios extrajudiciales realizados por criminales a integrantes de un grupo rival y subidos a YouTube. En ellos se mencionaban los nombres de algunos periodistas entre los que se mencionaba a Ordaz.

Para el gobierno estatal las declaraciones de supuestos delincuentes sacadas bajo coacción eran su prueba concluyente: la reportera tenía nexos con bandas de la delincuencia organizada, a los que “apoyaba con manejos informativos”. La delicada posición en que se colocó a varios reporteros mencionados en los videos fortaleció la versión de que existía una lista de periodistas señalados por el crimen organizado, lo cual obligó a varios (se conocen 13 casos) a abandonar el estado.

La estrategia de silenciamiento, y la avidez por controlar la información fue también obra del gobierno estatal.

13.7 millones, el gasto en simulación

Durante cinco años, de 2006 a 2011, Veracruz contó con una Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas (Cedep), un órgano que, creado para atender las graves amenazas a la libertad de expresión en el estado, se limitó a intervenir en quejas menores que terminaban en conciliación sin el establecimiento de políticas públicas claras de prevención.

La Comisión recibió durante su existencia 13.7 millones de pesos y atendió 194 casos. Lo que significa que gastó 70 mil 618 pesos en atender cada caso, manteniéndose lejos y ajena a los de mayor trascendencia y relevancia, incluidos aquellos en los que el entonces secretario de gobierno (y presidente de la Cedep), Reynaldo Escobar, era señalado de agredir a periodistas y camarógrafos en el estado[5].




[1]   María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera fueron detenidos por representantes de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz el 26 de agosto. Cinco días más tarde, la juez penal Beatriz Hernández, con sede en Xalapa, dictó auto de formal prisión contra ambos. ARTICLE 19 presentó un Amicus Curiae para ser tomado en cuenta en la decisión del juicio de amparo interpuesto en favor de ambas personas, el el cual se exponía que los cargos resultaban claramente incompatibles con los tratados sobre derechos humanos aprobados por el Estado mexicano en materia de libertad de expresión.

[2]   La reforma fue aprobada con 33 votos a favor y 14 en contra, y fue publicada en una edición especial de la Gaceta Oficial, la misma tarde de su aprobación. Puede consultarse en http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2011/09/Gac2011-298%20Martes%2…

[3]   Se trata de los diputados Gustavo Moreno, Isaac González, Ulises Ochoa y Verónica Carreón, del partido Nueva Alianza, además de Brenda Abigail Reyes, del PRD.

[4]   Los reporteros de W Radio, Noticias MVS y la agencia Notimex fueron agredidos y amenazados por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación mientras documentaban las condiciones de insalubridad en que eran resguardados los 35 cuerpos en el Instituto de Medicina Forense y recogían testimonios de familiares de los fallecidos que contradecían la versión de las autoridades.

[5]   En 2009, el funcionario demandó por difamación al caricaturista Alberto Morales García, quien creó un personaje que según Escobar lo denostaba. Ese mismo año fue señalado por agredir a Miguel Ángel Carmona Domínguez, fotógrafo de Proceso y la agencia Fotover.

 

Comments:

Enviado por José Manuel Ramírez en
La agresión a periodistas es una hecho documentado que se ha presentado desde hace mucho años y que se agudizado en los últimos. El caso más reciente son las amenazas sobre el colectivo 'Valor por Tamaulipas', grupo que prefirió cerrar sus cuentas en redes sociales antes de lamentar la vida de un@ de sus colaborador@s.
Enviado por José Manuel Ramírez en
La agresión a periodistas en México es un hecho documentado desde hace muchos años, lo cual se ha venido incrementando en los últimos. El más reciente caso es lo ocurrido contra el colectivo 'Valor por Tamaulipas', el cual prefirió cerrar sus cuentas en redes sociales antes de lamentar el deceso de un@ de sus colaborador@s. Exijamos al gobierno la atención, prevención y eliminación de la violencia contra periodistas. ¡Organicemos una protesta en línea mediante la recopilación de firmas!
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